María Sánchez durante un pleno en una intervención sobre Aguas de Valladolid. Foto: Gaspar Francés
María Sánchez durante un pleno en una intervención sobre Aguas de Valladolid. Foto: Gaspar Francés

“Es lógico que una empresa privada intente velar por sus intereses y que intente buscar resquicios legales, pero en el caso de la remunicipalización del servicio de gestión del agua se ha hecho un trabajo meticuloso y riguroso y tenemos la total seguridad de que se ha hecho correctamente”. Así ha respondido esta mañana la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, a las alegaciones presentadas por Aquona, la empresa matriz de Agualid, contra el proceso iniciado por el Ayuntamiento y que supone la recuperación del ciclo integral del agua en Valladolid para que sea prestado por una empresa 100% pública.

Sánchez ha recordado que todas las cuestiones laborales que apunta en sus alegaciones Aquona han sido resueltas por los informes de la asesoría jurídica municipal y que las planteadas sobre si los nuevos cobros se considerarán tasa o tarifa las ha aclarado el Consejo Económico Administrativo.

En cuanto a las pegas que la hasta ahora concesionaria pone sobre el procedimiento de aprobación del expediente, la concejala sostiene, basándose también en el informe jurídico emitido, que artículo alegado “no es de aplicación”.

También tira por tierra el argumento de falta de participación de la sociedad en el procedimiento al indicar que la propia empresa presentó su propia propuesta de modelo de gestión. “Este proceso ha sido de todo menos opaco”, ha dicho Sánchez, indicando, además, que se dio traslado de toda la información a los grupos políticos y se han celebrado tres foros ciudadanos abiertos sobre este particular.

“El proceso seguirá adelante. Aquona es el único actor que saldrá perdiendo en este proceso. Los beneficios que se obtengan a partir de ahora servirán para mejorar la red. Ese dinero está mejor en el bolsillo de todos que en el de unos pocos”, ha resumido la concejala a pocas horas de que se celebre el pleno extraordinario que pondrá fin a la gestión privada del ciclo del agua en Valladolid.

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