Un crucifijo presidiendo un aula escolar. Foto: laicismo.org
Un crucifijo presidiendo un aula escolar. Foto: laicismo.org

El pasado 29 de diciembre se publicó en el BOCyL la Orden de la Junta que regula los conciertos educativos con centros privados. Una vez más, la Consejería de Educación y el PP se han negado a atender las recomendaciones de la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita y ha impuesto su criterio.

Un criterio que, según ha denunciado hoy la citada Plataforma, implica que “se mantendrán unidades concertadas de infantil, Primaria y ESO sin que existan necesidades de escolarización, mientras se cierran unidades y centros públicos o hay suficientes plazas públicas en la zona”; “seguirá concertándose la práctica totalidad de la oferta privada en Formación Profesional”; “se mantendrán también los actuales conciertos en Bachillerato con trece centros privados, pese a existir plazas suficientes en los centros públicos en las ciudades”, ocasionando así “el consiguiente despilfarro de los dineros públicos para mantener el desvío de fondos a la enseñanza privada, alcanzando casi el doble del PIB (0,6) que la media de la UE (0,36)”; además de seguir “manteniendo los conciertos de los centros que segregan al alumnado por razón de sexo y con los centros que rechazan al alumnado más desfavorecido”.

“Las Plataformas por la Escuela Pública siempre hemos defendido que las Administraciones educativas deben destinar prioritariamente los fondos públicos a la Enseñanza Pública y que la enseñanza privada concertada debe ser subsidiaria de la primera. Nos oponemos al actual sistema de conciertos educativos que, bajo el mantra de la libre elección y el ideario de centro, ampara la segregación del alumnado y entre centros públicos y privados. Una vez más denunciamos que las modificaciones introducidas por la LOMCE lo favorece más, provocando una mayor privatización de la enseñanza al imponer mejores condiciones destinadas a favorecer o blindar el sistema de conciertos con los centros privados. También denunciamos que, a la lo largo de estos largos cursos de la crisis, los recortes se han ido aplicando con mucha más intensidad sobre los centros públicos y su profesorado que sobre los conciertos con los centros privados”, denuncian los integrantes de la Plataforma por la Escuela Pública.

Ante esta situación, el colectivo ha emitido un comunicado en el que se reclama:

Que la concesiones del concierto con los centros educativos privados se justifique en necesidades escolarización, de tal manera que no puedan renovarse ni concertarse unidades en caso de existir plazas suficientes en los centros públicos de la zona.

Que no se mantengan o renueven conciertos en zonas donde se suprimen plazas en los centros públicos, así como en aquellos que segregan al alumnado por razón de sexo o no escolarizan al alumnado más desfavorecido (el 82% de este alumnado está en los centros públicos).

Que las administraciones educativas garanticen la existencia de plazas públicas suficientes en la programación de la oferta educativa de las enseñanzas no universitarias

Que la importancia de esta Orden para la programación de la oferta de plazas en la red pública y privada, exige una mayor revisión, análisis y debate de la situación actual de la escolarización por localidad, municipio y barrio urbano para no seguir contribuyendo a la desertización escolar de los servicios públicos educativos, por lo que se precisa que en la Comisión Regional de Conciertos educativos estén representadas las organizaciones representativas del profesorado y de las familias de los centros públicos.

Que no puede ser que, la educación pública supone un 89 % por ciento en países con una gran tradición y valoración educativa, (Francia, Alemania, Italia o Finlandia) mientras que en nuestro país es apenas de un 67 %.

Que, como medida de buena voluntad, la comisión del Congreso derogue, y, con mayor razón, en la futura Ley educativa, se eliminen los criterios sobre conciertos impuestos en la LOMCE, y se incluya en la Ley que las administraciones educativas garanticen la existencia de plazas públicas suficientes en la programación de la oferta educativa de las enseñanzas no universitarias, que se vuelva a los distritos de matriculación en las ciudades, se establezca con claridad el criterio de las necesidades escolarización a la hora de suscribir conciertos y que se recupere, en un primer momento, el presupuesto destinado a la enseñanza pública, tan intensamente recortado, para avanzar después hacia la media europea.

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