Nina Infante, Maria Jesús Brezmes, María Sánchez, Sara Carreño, Francisca Guisado y Lidia Fernández antes de comenzar el acto. FOTO: Jorge Ovelleiro
Nina Infante, Maria Jesús Brezmes, María Sánchez, Sara Carreño, Francisca Guisado y Lidia Fernández antes de comenzar el acto. FOTO: Jorge Ovelleiro

La Casa Revilla ha acogido durante esta tarde la presentación en Valladolid del libro ‘Agenda Feminista 2018-19’ que edita el Forum de Política Feminista, fruto del trabajo realizado durante sus jornadas estatales. En el acto organizado por el Foro Feminista de Castilla y León han abordado cómo la agenda de los colectivos por la igualdad de género ha tomado protagonismo en la última época, centrándose en el análisis de las violencias machistas y sexuales o la situación de la dependencia y las cuidadoras. Para ello, han contado con la participación de Lidia Fernández Montes, de la Plataforma 7N, Sara Carreño Valero, abogada y exdiputada por Podemos, y Maria Jesús Brezmes, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Como presidenta del Fórum de Política Feminista, Francisca Guisado Adame, contextualizó esta publicación en un momento político y social marcado por el “hecho histórico” de las huelgas del 8M, además de otras grandes manifestaciones que “tuvieron su cometido” y pusieron en la agenda política las reivindicaciones feministas, como fueron el 7N sobre las violencias machistas, el Tren de la Libertad o la Marea Morada. Trató la irrupción de la extrema derecha, aunque “de una manera mucho más débil” de lo anunciado, recordando las “amenazas” de Vox en su programa electoral.

Por contra, Guisado celebró que las pasadas elecciones fueron una “excelente oportunidad para que los partidos hayan incorporado nuestras reivindicaciones en sus agendas programáticas”. Concluyó pidiendo “pasar de las promesas a la práctica” reclamando “políticas directas que den respuesta a sus reivindicaciones”, ofreciendo su voluntad de trabajar por una “agenda feminista que conlleve verdaderos cambios estructurales y que no suponga ni un paso atrás en los derechos conquistados”.

Momento de la presentación en la Casa Revilla. FOTO: Jorge Ovelleiro
Momento de la presentación en la Casa Revilla. FOTO: Jorge Ovelleiro

Lidia Fernández Montes representante de la Plataforma 7N contra las violencias machistas, situó en el año 2015 el inicio de la “ruptura del silencio respecto a la violencia que estábamos sufriendo”, recordando que desde 2003 más de 1000 mujeres han sido asesinadas, una cifra que “no llega a escandalizar a los Gobiernos tanto como cuando ETA asesinó a 829 personas, parece que el terrorismo machista es otra cosa”. Aunque lamentó que “seguimos sin tener una ley contra la trata”, destacó algunas de las principales cuestiones abordadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Destacó la modificación de las condiciones de acceso al “título habilitante” de violencia de género, eliminando la necesidad de una denuncia argumentando que el 80% de las asesinadas no la habían interpuesto. Resaltó otras “cuestiones positivas aunque no tengamos muy claro cómo se hacen”, como la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, estando “a la espera” de que se materialicen, la apuesta por la sensibilización y prevención, principalmente en sanidad y educación, además de garantías procesales o la supresión de ciertos atenuantes como confesión o reparación del daño.

Expuso de manera crítica y razonada su desconfianza ante este “acuerdo de mínimos”, ya que para incluir una medida debían estar de acuerdo todas las formaciones políticas. Incidió tanto en sus inconcreciones como sus ausencias, como medidas contra la prostitución, la retirada de la obligación de declarar de las mujeres contra su marido o las indemnizaciones que, de media, son un 10% menores que la víctimas de la violencia etarra mientras que el ‘pacto valenciano’ sí las equipara: “Si se quiere se puede”. Echando de menos los datos para saber qué se ha cumplido y qué no, como informes sobre la ejecución de lo presupuestado, ha lamentando que estas partidas acaben muchas veces en “pancartas y bolígrafos”.

La exdiputada de Unidos Podemos y abogada Sara Carreño Valero, lamentó que los avances contra la violencia sexual en España son “la nada”, razón por la que desde Unidos Podemos presentaron una proposición de ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, justo antes de terminar la pasada legislatura, que “no se basa solo en las penas”, incidiendo en la prevención o “cuál es el sustrato cultural”, además de la sensibilización, formación o derechos para las víctimas. Contempla medidas como que la situación administrativa de las mujeres no pueda ser un obstáculo para aplicar la ley, en referencia a las mujeres migrantes como las temporeras marroquíes, además de otras medidas como la eliminación de la distinción entre abuso o agresión.

Mesa de ponentes durante la intervención de Sara Carreño. FOTO: Jorge Ovelleiro
Mesa de ponentes durante la intervención de Sara Carreño. FOTO: Jorge Ovelleiro

Destacó que esta propuesta ha sido elaborada con la colaboración de asociaciones feministas y expertas en diversas materias, surgida tras la situación provocada por el caso de la violación grupal de la llamada ‘manada’. Durante su intervención desgranó algunos datos impactantes, como que, según estimaciones, cada 8 horas una mujer es agredida en España “aunque la mayor parte no llegan a denunciarse”.

Maria Jesús Brezmes, Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que habló sobre el cuidado de las personas en situación de dependencia, haciendo hincapié en la dejación del Estado en esta materia. Según sus datos, más de un millón de personas que tienen servicios y prestaciones, aunque 300.000 solicitudes fueron rechazadas durante el pasado año, que “no fue muy malo en los avances de las prestaciones” pero “se ha ralentizado otra vez” en lo que llevamos de 2019. Más allá de los números, expresó una preocupación “especial” por las personas a las que han concedido el certificado de dependiente y están esperando, lamentando que muchas de ellas mueren sin haber recibido las prestaciones.

Calificó como “maltrato institucional” el hecho de “tener a una persona con un grado de dependencia grande esperando seis meses”, según pactaron Imserso y Comunidades Autónomas, aunque en la mayoría de las autonomías pueden ser incluso años. Considera además “maltrato específico para las mujeres” lo referente a los cuidados en el ámbito familiar, ya que comúnmente “si no hay otras posibilidades es fácil que la cuidadora familiar esté casi obligada”, alegando que estadísticamente apenas el 10% son hombres, siendo también mayoría las mujeres dependientes. recortes han sido inmisericordes” aumento del copago, rebaja o retraso en las prestaciones a las cuidadoras

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