Cabecera de la manifestación convocada por CCOO y UGT esta mañana en Valladolid. Foto: Gaspar Francés
Cabecera de la manifestación convocada por CCOO y UGT el primero de mayo en Valladolid. Foto: Gaspar Francés

“La Junta de Castilla y León ha incumplido lo acordado y eso no es tolerable. 85.000 empleados públicos de la Administración Autonómica de Castilla y León merecen que su Gobierno les respete”. Este es el encabezamiento del comunicado conjunto emitido UGT y CCOO en Castilla y León para manifestar “su total desacuerdo ante la posición de la Junta de Castilla y León tras las declaraciones realizadas por el portavoz de la misma tras el Consejo de Gobierno, en las que estima “poco ‘probable” que se lleve a cabo la implantación de la jornada de las 35 horas semanales para las personas empleadas públicas de la Administración autonómica”.

Los sindicatos, que recuerdan que el propio Gobierno autonómico comunicó al central el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y eso supone “recuperar la jornada laboral de 35 horas volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas Tributarias, Administrativas y Financieras”, según el acuerdo firmado con las organizaciones sindicales. La implantación, según el citado acuerdo, sería efectiva a partir del 1 de junio de 2019.

Para CCOO y UGT, la posición de la Junta de Castilla y León supone “un flagrante incumplimiento, ya que no respeta el acuerdo firmado con Función Pública y el consejero de Presidencia del Gobierno del PP el pasado mes de mayo. El Gobierno autonómico tiene la obligación de cumplir lo firmado con los representantes sindicales de sus empleados. No aceptamos que el gobierno de la Junta de Castilla y León se escude en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para incumplir lo que firmaron. Esta ausencia no es ningún impedimento para que se elaboren unos presupuestos autonómicos, tal y como se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, e incluso como ha sucedido en los Presupuestos de 2018 que se aprobaron sin existir unos PGE”, denuncian ambas centrales que consideran que “es más cómodo para el gobierno autonómico escudarse en la falta de PGE para incumplir los acuerdos que firma, que sentarse a trabajar y elaborar los presupuestos para Castilla y León”.

“La recuperación de la jornada semanal de 35 horas ha llevado consigo un fuerte y largo proceso de movilizaciones de los sindicatos y empleados públicos. Y si el gobierno de Fernández Mañueco, desaparecido por el momento, no rectifica y sigue adelante con el incumplimiento del acuerdo firmado, las movilizaciones continuarán”, advierten como respuesta a las declaraciones del vicepresidente Francisco Igea.

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