Imagen de archivo del ex concejal de Infraestructuras, Manuel Sánchez, durante un pleno municipal. Foto: Carlos Arranz
Imagen de archivo del ex concejal de Infraestructuras, Manuel Sánchez, durante un pleno municipal. Foto: Carlos Arranz

El ex concejal de Infraestructuras y fiel escudero del ex alcalde de Valladolid, Manuel Sánchez y el asesor ferroviario Carlos Baró, tendrán que prestar declaración como imputados (ahora investigados) ante el titular de Instrucción 4 de Valladolid el próximo día 9 por el caso ‘comfort letter’, la carta de conformidad que sin sustento legal alguno firmó por su cuenta y riesgo Javier León de la Riva plegándose a los intereses del pull bancario que financia la operación del soterramiento cuando estaba al frente del Consistorio.

La llamada a declarar se produce después de que el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, declarara, también en calidad de imputado (investigado) el pasado día 11 de enero. En su declaración, además de descargar ante el juez toda la responsabilidad de la firma de la comfort letter del soterramiento en el ex alcalde Javier León de la Riva, indicó que consultó a los técnicos de Hacienda y que estos fueron los que le indicaron que lo referido a la carta de conformidad era competencia de la Concejalía de Infraestructuras, por entonces en manos de Manuel Sánchez.

También prestará declaración Carlos Baró, el asesor ferroviario del ex alcalde Javier León de la Riva, que junto a Alfredo Blanco, asistía a las reuniones del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en las que entre otros asuntos, se decidió la firma de la comfort letter que finalmente ya ha sido anulada en vía administrativa por el Ayuntamiento. El actual concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha declarado públicamente que no ha encontrado en la Concejalía ni un solo informe de asesoramiento firmado por Baró, a pesar de los años que estuvo ocupando ese puesto de confianza del ex alcalde.

El pasado 22 de noviembre, por este caso, ya declaró también como imputado el ex alcalde Javier León. Frente al juez, De la Riva cambió su versión inicial. Si el pasado 13 de junio registraba un escrito de alegaciones para tratar de impedir la anulación de la comfort letter en el que apuntaba al que fuera su concejal de Hacienda, Alfredo Blanco (“se me presentó a la firma por quien debía realizar o comprobar esos trámites previos”), luego prefirió asumir en solitario cualquier responsabilidad (se le investiga por prevaricación) alegando desconocimiento. Algo parecido a lo que ya ocurrió en el caso áticos en el que fue condenado.

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