Una cuidadora sujeta la mano de una persona mayor.
Una cuidadora sujeta la mano de una persona mayor.

Por décima vez consecutiva, el Observatorio Estatal de la Dependencia reconoce en su dictamen anual a Castilla y León como la Comunidad española que mejor gestiona la Ley de Dependencia. Pero ¿cómo es posible que en Castilla y León haya prestaciones de sólo 12 euros al mes y obtenga un sobresaliente en Dependencia?

En este artículo el ex procurador socialista Jorge Félix Alonso y miembro de la Plataforma Social de Valladolid da una explicación:

Como cuestión previa es necesario también tener en cuenta que los datos que se utilizan para realizar las evaluaciones, son los datos que facilita cada Comunidad Autónoma al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. En el caso de nuestra Comunidad son los datos que facilita la Junta de Castilla y León. Por lo que no se sabe cuánto hay de maquillaje en los datos que aporta el gobierno del PP de Castilla y León.

Para comprender el resultado final es necesario tener una visión global de cómo se está desarrollando la aplicación de la ley.

La ley de la Dependencia tiene tres grandes grupos de prestaciones: Los servicios públicos, los servicios prestados por entidades privadas y los cuidados en el entorno familiar. Y según la voluntad política de cada Comunidad, se puede primar más los servicios públicos, los servicios privados o los cuidados en el entorno familiar. En Castilla y León se ha apostado por potenciar los servicios privados.

Analizando los 14 indicadores que utilizan para dictaminar la nota que obtiene cada Comunidad se llega a las siguientes conclusiones:

  • No existe ningún indicador que evalúe los cuidados en el entorno familiar. En España una de cada tres personas en situación de dependencia tiene la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. En Castilla y León aún después de los recortes de la Junta siguen teniendo cuidados en el entorno familiar una persona de cada cuatro.
  • En los indicadores se pone al mismo nivel los servicios públicos, que los prestados por las empresas privadas, con el argumento de son generadores de empleo. Es razonable que se valore la creación de empleo, pero no es razonable poner al mismo nivel los servicios públicos, que los servicios privados. En CYL desde que se produjo la transferencia del IMSERSO en el 1996, no se ha vuelto a crear ni una plaza de residencia pública.
  • No existe ningún indicador que valore la cuantía de las prestaciones, por lo que da lo mismo que a una persona en situación de dependencia se le concedan 12 euros que 300. La evaluación que se realiza es sólo sobre número de personas que reciben alguna prestación, aunque sea de sólo 12 euros. En servicios sociales las estadísticas ocultan el abandono en que se encuentran aquellos que necesitan más ayuda. El objetivo debe ser no dejar a nadie abandonado a su suerte.
  • El ejemplo más claro de lo anterior lo tenemos en el Servicio de Ayuda a Domicilio, donde se ha reducido el presupuesto, pero cada vez se atiende a más personas. No es un milagro, esto se produce porque se reducen el número de horas que se dedican a la atención de las personas. Si a una persona por su estado físico necesita que de atiendan 4 horas todos los días y se le atiende la mitad está claro, que no se le está presando la atención que necesita. Esto no se evalúa.
  • Cuando la Junta quiere colgarse una medalla porque obtiene un sobresaliente, oculta que en Castilla y León a una de cada cuatro personas que solicitan ser reconocidas como dependientes, se les deniega.
  • Cuando la Junta quiere colgarse una medalla porque obtiene un sobresaliente, oculta que Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas que más ha reducido en número de personas con una gran dependencia. En Castilla y León después de cuatro años de endurecimiento de la aplicación de la ley hay 3.217 grandes dependientes menos que cuando comenzaron los recortes. No es otro milagro, es que en Castilla y León se han endurecido los criterios para que a una persona se le reconozcan que está en situación de gran dependencia.
  • Cuando en Castilla y León se anuncia la nota que obtiene nuestra comunidad, la Junta presidida por el Sr. Herrera realiza declaraciones de autosatisfacción, pero se pierde la perspectiva de que en realidad la evaluación se hace a todo el sistema de la Dependencia a nivel de España, y en esta evaluación la conclusión global es el deterioro que ha sufrido la atención a las personas en situación de dependencia en el conjunto del Estado desde que hay un gobierno del PP. El deterioro global de la ley también lo sufren los dependientes de Castilla y León.

La realidad es que en Castilla y León se están reduciendo el número de plazas públicas para dependientes y se están endureciendo las condiciones para los cuidadores familiares, y a la vez se está incrementando el número de personas a la que se le da dinero para que se acuda a un centro privado. Se les da un “cheque servicio”. Esto es lo que siempre se ha pretendido con la sanidad, dar dinero para que se acuda a centros privados.

Las cuantías que se conceden para que se acuda a los centros privados es insuficiente, y no todos los centros privados ofrecen la misma calidad, por lo que el sistema que está implantado la Junta de Castilla y León no garantiza la igualdad de oportunidades y deja fuera del sistema a una parte de las personas en situación de dependencia, sólo aquellas personas con una capacidad económica determinada pueden acudir a los servicios que necesitan. También sería necesario conocer cómo se está comprobando la calidad de la atención que se presta en algunos centros privados.

La conclusión es evidente en Castilla y León se está produciendo una privatización de los servicios sociales. Que además está sirviendo de ejemplo para otras Comunidades Autónomas.

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