La sección cuarta de la Audiencia Provincial ha decidido suspender temporalmente el juicio del caso PGOU hasta que pueda pronunciarse sobre las "complejas" cuestiones previas en las que todas las defensas de los 14 acusados han denunciado que no han tenido acceso a toda la documentación que forma parte de la causa, además de otras presuntas irregularidades.
El anuncio se ha producido esta mañana en la segunda sesión del juicio en la que la propia Fiscalía ha solicitado la devolución de la causa al juzgado de Instrucción para que se solventen todas las faltas de documentación denunciadas por las defensas de los 14 acusados.
El los próximos días la Audiencia Provincial dictará un auto en el que caben varias posibilidades: atender las demandas de nulidad planteadas por las defensas, atender la petición de Fiscalía para devolver la causa a Instrucción o continuar con el juicio.
En esta segunda sesión del juicio, el resto de las defensas que ayer no pudieron plantear sus cuestiones previas, lo han hecho y así como la Fiscalía y la Acusación Particular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, que ha tratado de desmontar todos los argumentos utilizados por las defensas de los acusados para solicitar la nulidad de lo actuado hasta el momento.
El juicio del denominado caso PGOU sienta en el banquillo a la cúpula del departamento de Urbanismo municipal de la última época del PP de Javier León de la Riva, así como a empresarios supuestamente beneficiados por las modificaciones irregulares que se introdujeron en el principal instrumento de planificación urbanística de la ciudad, de espaldas al pleno municipal.
En total, 14 acusados, con el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca a la cabeza para quien la Fiscalía de Valladolid solicita inicialmente una pena de cuatro años de prisión y más de 40 de inhabilitación al considerarle autor de cuatro delitos de prevaricación, otro de falsedad y uno más contra el patrimonio. Junto a él, se han sentado hoy el arquitecto Luis Álvarez Aller y el ex jefe del área de Urbanismo, Modesto Mezquita, para quienes el Fiscal también solicita idéntica pena de prisión. Para otro de los acusados, el ex jefe del servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, también se solicitan cuatro años de prisión, aunque en este caso como responsable de un delito de falsedad y dos más de prevaricación.
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