El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, sujeta un mapa.
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, sujeta un mapa.

Ecologistas en Acción y Ascel afirman que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones no puede volver a ejercer como juez por tergiversar una reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10/10/19) sobre la caza del lobo plantada por Finlandia. Según las dos organizaciones “lo denunciable es la interpretación torticera emitida por la Junta de Castilla y León a través del consejero, quién miente al afirmar que la sentencia supone un aval a su gestión, siendo precisamente todo lo contrario, un varapalo a su caza encubierta y disfrazada”.

El consejero, juez en excedencia aseguró que la Sentencia ‘ratifica punto a punto su gestión’, dado que en Castilla y León se da ‘un control excepcional, cuando no hay otro medio, de forma muy determinada, y frente a daños insoportables’, todo lo cual ‘avala lo que estamos haciendo en Castilla y León, con cazadores y ganaderos al Sur del Duero’.

“Es difícil mentir más y mejor, porque en Castilla y León las muertes de lobos nunca han sido la excepción, sino mas bien la norma, eludiendo cualquier otro medio de restricción no letal de daños, y nunca se han agotado las medidas de prevención, y sobre todo, nunca se ha justificado que las acciones letales sobre los lobos no deterioraran su estado de conservación, actualmente desforable, lo cual desacredita la gestión de Suárez‐ Quiñones en los últimos años. Es público y notorio que el espíritu de la Directiva Hábitats no se respeta en Castilla y León”, sostienen las organizaciones ecologistas.

Según sostienen, en contra de lo que manifiesta el consejero, “la Junta de Castilla y León conoce las medidas alternativas al control letal de lobos, pero ni evalúa ni agota soluciones alternativas a dicho control, y además no asegura su estado de conservación favorable, requisito legal mínimo exigido”. Ponen como ejemplo que en fechas como el 13 de julio y el 23 de agosto de 2016, la Junta Castilla y León mató a dos lobos en San Miguel de la Ribera, comarca situada al sur del río Duero en Zamora, por supuestos y reiterados ataques a una cabaña ganadera, amparándose en las excepciones contempladas en la Directiva de Hábitats europea. Tras abatir esos dos lobos, la citada explotación volvió a sufrir un nuevo ataque en su ganadería (hecho que acredita la inutilidad de sacrificar lobos para proteger al ganado), y además y “para más INRI”, tras matar dos lobos se procedió a instalar un vallado que protegiera ese establecimiento de los ataques. “Una evidencia de la práctica de matar antes de prevenir o resolver por otra vía, es decir, que no se contemplan todas las medidas preventivas como opción de gestión en vez de matar lobos”, señalan convencidos de que “esta Sentencia es un portazo definitivo a los desmedidos intentos durante años de implementar en el Sur del Duero el judicializado modelo del norte del río, sometido a sentencias adversas sistemáticas”.

“Un gobernante no debe mentir, y menos aún, suponer que nadie va a leer una sentencia pública y comprobar sus falacias. Y ese consejero, Juan Carlos Suárez‐Quiñones y Fernández, recordemos que alguna vez fue juez, no debería volver a la toga por el bien común, puesto que si ya en política merece la mofa de sus semejantes y de toda la sociedad por su competencia en el desempeño de un cargo público, su capacitación jurídica queda en entredicho atreviéndose a semejantes lecturas como la de esta Sentencia”, concluyen Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).

Ejemplar de lobo ibérico. Foto: JCyL
Ejemplar de lobo ibérico. Foto: JCyL

Autorizada la caza de 339 lobos

La Junta de Castilla y León, a través de resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, ha autorizado la caza de 339 ejemplares de lobo en las provincias de Palencia, Burgos, Zamora y León. La Junta dicta esta resolución a pesar de que conoce que el TC admitió a trámite recientemente un recurso, interpuesto por el Defensor del Pueblo a petición de PACMA, que pone en duda la constitucionalidad de la ley cinegética de la comunidad autónoma.

Según la resolución de la Junta, esta considera que la caza recién autorizada del lobo en dichas regiones se justifica por la alta densidad de población en las comarcas loberas seleccionadas, así como por la búsqueda de una «reducción de la conflictividad» que provoca la presencia del lobo.

“Al margen de que la resolución de la Junta de Castilla y León no aporta ningún dato o prueba que demuestre ese aumento de la «conflictividad» en las comarcas loberas, esta decisión contraviene la Directiva Europea Hábitats e ignora la advertencia remitida en febrero por parte de la UE a España sobre la protección de los lobos en la Península”, sostiene PACMA.

La Directiva Europea Hábitats cataloga al lobo como especie de especial protección europea y, en el caso de la Península Ibérica, distingue aquellos que se localizan al norte o al sur del río Duero. “Si bien los cazadores siempre defienden que esta directiva les permite la caza al norte del Duero, la directiva, literalmente, indica que las poblaciones al norte del Duero son las únicas susceptibles de «gestión». Y es evidente que existen muchos otros medios de gestión poblacional antes que la muerte, que es lo que supone la caza”, entienden.

PACMA y otros actores implicados en la defensa y protección del lobo, así como de los demás animales, siempre han reclamado que dicha gestión se realice empleando medios no letales.

“En este caso, podemos entender que la medida aprobada por la Junta de Castilla y León, apenas a un mes de las próximas elecciones generales, supone un guiño hacia los intereses del lobby cinegético, que son los únicos que sacarán beneficio de esta medida. Más allá de ellos, la distribución de las autorizaciones de caza de lobo se han concentrado en comarcas como Mampodre, La Culebra o Riaño, donde son muy escasas las reclamaciones por daños relacionadas con el lobos y que, sin embargo, son regiones que están viendo incrementada su economía por el turismo de observación y naturaleza”, señala PACMA.


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