Ya el Supremo dijo que NO, que en Aldeamayor de San Martín no se justifica el paso de 300 Ha de suelo en situación de suelo rural a suelo urbanizado, mediante su urbanización, pero los hay obstinados frente al Estado de Derecho, y la Consejería de Fomento es un buen referente. A pesar de que su titular, “pañuelitos”, se vea obligado, ante el afloramiento de la caca autonómica, a presentarse como adalid de la ley, las Sentencias del Supremo no parecen pensar lo mismo. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pero ahora, gracias al voto particular de Ecologistas en Acción, tiene una magnífica ocasión de demostrar que en su Consejería no se confunden los intereses generales con los intereses privados de Metrovacesa, porque de su Dirección General de Urbanismo depende ahora que la tropelía se perpetre o no. Con la Ley, su propia Ley, en la mano es fácil parar este delirio territorial.

300 Ha rústicas que pretenden ser urbanizadas, o eso dicen, convirtiendo Aldeamayor no se sabe bien si en un Gran Geriátrico provincial o regional, privado, o en la competencia de la Costa del Sol en Tierra de Pinares para que las rusas vengan aquí a ponerse pómulos. El caso es que ahí van más de 1.300.000 metros cuadrados edificables, más de 1.400 viviendas, 26.000 plazas residenciales asistenciales y, por supuesto, miles de puestos de trabajo, en pro del turismo sanitario mundial. Los abuelos de la provincia ya dan saltos de alegría. El problema es que esa Modificación del Plan General de Aldeamayor, tan ilegal y tan extraña, no tiene ninguna vocación de ejecutarse. Todo en este asunto resulta bastante pringoso lo mires por donde lo mires, desde la Memoria presuntamente “justificativa” hasta el procedimiento para su aprobación, pasando por la “singularidad” de sus protagonistas.

Detrás de intentar conseguir con esta Modificación del Plan General de Aldeamayor que esos suelos se consoliden como suelos urbanizables sólo hay motivos e intereses bancarios y financieros de Metrovacesa y sus accionistas mayoritarios, el Banco de Santander y el BBVA. Se trata de que unos suelos en situación básica rural, sin más derecho que a su utilización conforme a la naturaleza rústica de los terrenos, pasen por obra y gracia de la Modificación en trámite a ser un suelo donde sus propietarios adquieren el derecho a promover su urbanización. Resulta evidente que, sin necesidad de urbanizar un m2, no valen lo mismo esos suelos en una situación que en otra. No, no valen lo mismo en Bolsa y en los Balances Bancarios. Motivos pues de exclusivo interés privado, a los que trae al pairo el bienestar de los vecinos de Aldeamayor, pero que D. Pablo Trillo hace suyos como si le fuera la vida en ello. Sí, el Delegado Territorial D. Pablo Trillo ataca de nuevo, y en esta ocasión hace acto de presencia en la Comisión Territorial de Urbanismo, que preside y que tan poco frecuenta. Ya el hecho de tanto interés del Sr. Trillo preocupa, porque de una manera o de otra siempre anda enredado en cosas feas. Y no está la cosa para bromas, ni para “enredaderas”.

Que en el Ayuntamiento de Aldeamayor el PP dé sus bendiciones al nuevo cuento de la lechera después de tanto cántaro roto no sorprende, es más de lo mismo, pero que el PSOE con su alcalde a la cabeza se traguen el cuento sí es llamativo, y todavía no hay una explicación de la dirección provincial del partido. ¿PSOE y PP la misma kk es? Que la mujer del César no sólo debe ser honrada sino parecerlo es un lugar común, y que los intereses personales y familiares de algunos miembros de la corporación en esos suelos existen, aunque en relación con las 300 Ha totales no representen un gran porcentaje, es innegable.

La Ciudad del Bienestar y la Salud , nombre imaginativo donde los haya, se proyecta como un dibujo, como puro grafismo, volúmenes transparentes para que cada uno se imagine lo que quiera, en paisajes idílicos. Un trampantojo que sirve para ganar un concurso, pero que no tiene ninguna previsión y vocación de ejecución. Un ejercicio teórico con localización indiferente. Es un documento “al peso”, que no duda en justificar su necesidad en proyecciones no locales, como correspondería, sino en proyecciones provinciales, regionales, nacionales y hasta mundiales. “Hablando de escopetas… San Fernando tenía un carro”.

Nada hay en el documento que dé respuesta en Derecho a la tremenda extensión –300 Ha– sobre la que se quiere otorgar el derecho a promover la urbanización de esos terrenos. Y menos hay aún sobre el interés público de tal barbaridad urbanística precisamente en Aldeamayor de San Martín, y no en Tudela, Ataquines o la propia capital. En realidad nada hay sobre cómo se van a gestionar esos suelos con tantísimos pequeños propietarios, y de cómo se financiará la pretendida urbanización de 3 millones de m2 en los próximos diez años, plazo máximo legal para su completa ejecución, con un presupuesto que supera y en mucho los 100 millones de euros inicialmente previstos. La Comunidad de Propietarios Villa de Aldeamayor, que promueve esta actuación bajo la batuta de Metrovacesa, ni siquiera acredita que tenga la mayoría suficiente para promover por el sistema de compensación la urbanización de las tres Unidades de Actuación diseñadas, de manera independiente; ni tampoco que entre ellas, o entre los distintos propietarios afectados por cada una de ellas, se garantice la necesaria equidistribución de beneficios y cargas. Es obvio que no es lo mismo estar en la primera Unidad de Actuación que tener que esperar en la tercera a que se desarrollen las dos anteriores, y también es cabal pensar que las infraestructuras de servicios que están previstas y que se desarrollarían en la primera fase de urbanización, en la primera Unidad de Actuación, tendrían que financiarse en su totalidad por los propietarios de esa Unidad pese a dar servicio a todo el Sector. La Comunidad promotora dice que tiene el 51% de la superficie total, lo que supone que hay un 49% de la superficie de pequeños propietarios, que no saben o no contestan. Serían necesarias expropiaciones de suelos de propietarios no adheridos. Se trataría de expropiar barato para especular mejor. Algunos creen que no tendrían que dar un duro de costes de urbanización, lo que exige que otros asuman mayor financiación. La posibilidad de pagar en aportación, con parte de la edificabilidad que corresponda, es sólo eso, una posibilidad que exige una financiación garantizada, que en este caso no existe.

Osadía mayúscula también es pretender que el tamaño del proyecto no supone la revisión del modelo territorial del vigente Plan General municipal del 2002, que precisamente por no considerar esos suelos necesarios ni tener previsto su desarrollo los clasificó como no delimitados. Es ir demasiado lejos pretender que multiplicar por 5 la población residente en Aldeamayor, convirtiéndolo de largo en el segundo núcleo de población residente de la provincia detrás de la capital, responde realmente a las demandas sociales generadas en el ámbito urbano de Valladolid y su alfoz, y resulta tan delirante como pretender que responde a la demanda turística sanitaria internacional. Pero el triple salto mortal lo da la Delegación Territorial de Valladolid; ya no es que el cuento responda a necesidades de una demanda inexistente, es que esa Administración vuelve al siglo XIX formulando la Ley de Say, superada en los años 30 del siglo pasado, admitiendo sin rubor que “la oferta genera su propia demanda”. Semejante disparate que poco menos que imposibilitaría la existencia de errores empresariales, además crea un terreno abonado para la corrupción: la pervivencia de un negocio ya no depende de la demanda libre de los compradores, sino de los caprichos de los políticos.  La diferencia entre poner primero la oferta o la demanda como causa de generación de riqueza tiene unas consecuencias definitivas. ¿No hemos aprendido nada?

Es disparatado todo. Ni el informe técnico del arquitecto municipal, ni el informe de la Diputación Provincial son favorables. Y esto es algo muy grave que no se menciona, y que por sí solo sería determinante para tumbar el cuento. Juzguen ustedes mismos y lean el demoledor informe que emite la Diputación Provincial. A todo esto, el Alcalde de Aldeamayor acude a la Comisión Territorial de Urbanismo ¡flanqueado por representantes de Metrovacesa! No sé si esta curiosa coreografía puede relacionarse con que en apenas tres días –tiempo inaudito– en este procedimiento administrativo se subsanan deficiencias, hay convocatorias ilegales, se informa por los técnicos del Servicio Territorial, se mete en el orden del día de la Comisión y, finalmente, se resuelve sobre la marcha (incluso con nueva documentación del equipo redactor, que ni siquiera está informada por los servicios municipales) que adelante con los faroles y, si me lo permiten con dos c…, ¡que se apruebe definitivamente! Una decisión más testicular que reflexiva.

Pues el disparate no acaba aquí; tenemos también el muy citado informe, encargado por Metrovacesa, del profesor de la Universidad de Salamanca D. Tomas Nevado-Batalla Moreno, por cierto ex-Consejero de Administraciones Públicas del anterior Gobierno del PP en Extremadura. Ahora además trabaja para empresas como Metrovacesa pero, ¡pásmense!, fue también recientemente nombrado por De Santiago-Juárez como uno de los 3 miembros de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León, así como suena, máximo órgano consultivo que, entre otras funciones, vela por la transparencia, la objetividad, la ejemplaridad y la austeridad de los cargos públicos de nuestra Administración Autónoma. O sea, este jurídico de Metrovacesa, que defiende con falacias intencionadas las bondades de la insana Ciudad del Bienestar y la Salud, es el que tiene que velar por la ejemplaridad y objetividad de D. Pablo Trillo y del Consejero de Fomento. ¡Joder con la ética!

Hace ya unos años, en Madrid y en unos despachos de Adif, el actual Director General de Urbanismo de la Junta nos decía que actuaciones del tipo de esta que se pretende perpetrar en Aldeamayor no se volverían a repetir. Le dije entonces que se lo recordaría y eso hago ahora.


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Informe Diputación sobre Ciudad del Bienestar en Aldeamayor de San Martín.

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