El pasado 2 de octubre la Liga y el M5s presentaron ante la prensa una propuesta de reforma constitucional en la que se incluye un recorte en el número de parlamentarios, una nueva ley electoral y la introducción en la Constitución del llamado referéndum propositivo, en lo que centraré mi atención.

Italia regula una modalidad de referéndum desconocida en España: el referéndum abrogativo de leyes. Según el artículo 75 de su Constitución, se realizará un referéndum para solicitar la abrogación, total o parcial, de una ley si así lo piden 500.000 electores (el mismo número que se precisa para una ILP en España) o cinco Consejos Regionales. Para que el referéndum sea aprobado, ha de haber participado al menos más del 50% de las personas con derecho a voto y, lógicamente, que el sí sea mayoritario frente al no.

Esta modalidad es muy diferente a nuestro referéndum consultivo, que disciplina el artículo 92 de la Constitución española. Además de no ser vinculante, se prevé para decisiones políticas de especial trascendencia y únicamente puede ser convocado mediante propuesta del Presidente del Gobierno.

Aunque las Constituciones de nuestro país y el italiano sean muy parecidas en parte de su ordenación, como el regionalismo, son sumamente dispares en lo que a los instrumentos de democracia directa y participativa se refiere. La española prefirió apostar firmemente por la democracia representativa, dejando muy poco espacio para la participación inmediata de los ciudadanos, probablemente debido a la mala experiencia en el uso de los “referendos populares” durante el Franquismo. Lo contrario sucedió en Italia: su Constitución, de clara inspiración antifascista, apostó por dar un mayor protagonismo a la participación, en confrontación a la dictadura, que había vetado cualquier tipo de ejercicio de poder popular.

La propuesta de reforma constitucional en Italia que se hace ahora es modificar el artículo 71 de su Carta Magna, que regula la iniciativa legislativa popular, para que los electores puedan solicitar un referéndum propositivo sobre una ley. El procedimiento es un tanto complejo. En primer lugar, se deberá reunir la firma de 100.000 electores para que eleven su propuesta ante la Corte Constitucional. Si está da vía libre a la propuesta de referéndum (que puede versar sobre una propuesta de ley u otro objeto), en un segundo momento se deberán reunir 500.000 firmas para que, efectivamente, se active este mecanismo. Pero, antes del referendo popular, el Parlamento estará obligado a debatir la propuesta ciudadana dentro de los siguientes 18 meses. En caso de que no lo hiciera, se activará el mecanismo de referéndum que, a diferencia del abrogativo, no precisará de quórum de asistencia para que sea válido.

El Parlamento asturiano, en 2014, aprobó una iniciativa similar para reformar nuestra Constitución. Su propuesta proyecta modificar la regulación del referéndum consultivo para que los ciudadanos también puedan impulsar un referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia si reúnen la firma de 500.000 electores.

En Italia este tipo de referendos no son extraños. A diferencia, de nuevo, de lo que ocurre en España –donde no está permitido, sino que se reserva al Estado-, las Regiones pueden regular sus propias modalidades de referendos. Es más, están obligadas a hacerlo según el artículo 123 de la Constitución. Además de los referendos abrogativos, en las Regiones de Basilicata o de Lazio se prevén en sus Estatutos referendos propositivo/aprobativos (se usan las dos nomenclaturas) de una forma similar a cómo se quiere introducir ahora en la Constitución italiana.

Es claro que una de las formas de mejorar la crisis de la representatividad que vivimos hoy en día es fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa. En España existen propuestas en este sentido, principalmente en las Comunidades Autónomas. Precisamente en Castilla y León, desde corrientes ideológicas muy distintas –Podemos y la Junta de Castilla y León-, se planteado mejorar la participación en las Cortes de Castilla y León a través de la modificación de su Reglamento o de una Ley de Democracia Participativa. Pero no se debe olvidar que, si bien la participación directa de los ciudadanos debe tener mucho más protagonismo que el de ahora, la regla ha de ser otra: nuestros representantes han de cumplir su mandato con suficiente responsabilidad y deben rendir cuentas ante sus electores. Es sumamente fácil desplazar esta responsabilidad hacia la ciudadanía en el momento de tomar decisiones difíciles a través de instrumentos que sólo dan soluciones binarias, como el referéndum. Lo hemos visto en decisiones como el Brexit. No se debe desnaturalizar las instituciones de democracia directa y participativa porque, de ser así, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

 

Andrés Dueñas es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y actualmente realiza una estancia de investigación en la Università degli Studi di Torino

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