El Partido Popular de Castilla y León ha propuesto una modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Fundamentalmente, esta modificación va dirigida a facilitar la apertura de explotaciones mineras en Castilla y León. Se trata de una propuesta coherente con la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020, aprobada en agosto de 2017, dirigida a facilitar la generación de actividad empresarial en torno al sector geominero en nuestra Comunidad. Una estrategia que resulta sorprendente si se tiene en cuenta que uno de los principales factores de conflictividad en el medio rural de Castilla y León se ha encontrado en la fuerte oposición popular a la implantación de proyectos de minería a cielo abierto como sucede en los tres proyectos de cantera de feldespatos en Ávila o el proyecto de mina de Uranio en Salamanca.

La modificación de la Ley del Suelo que propone el PP se dirige a facilitar la creación de minerías no energéticas en nuestra Comunidad. Hasta ahora, la Ley del Suelo impedía expresamente la implantación de minas en el suelo rústico protegido.

¿Qué es eso del suelo rústico protegido? El Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, define diez categorías de suelo rústico: Suelo rústico común, de entorno urbano, de asentamiento tradicional, de asentamiento irregular, de actividades extractivas, con protección agropecuaria, con protección de infraestructuras, con protección cultural, con protección natural y con protección especial.

Tres consideraciones previas. Por un lado, la categoría que hemos listado en quinto lugar aparece consignada para actividades extractivas. Más adelante se define dicha categoría como aquella compuesta por “los terrenos que se clasifiquen como suelo rústico a fin de reservarlos para dichas actividades, lo que se justificará por la calidad y abundancia del recurso minero o por su proximidad a los lugares en los que resulte necesario”.

Por otro lado, el artículo 57 establece los Derechos excepcionales en suelo rústico, dentro de los cuales se incluyen “actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima extraída”.

Por último, debemos tener en cuenta que esta Ley de Urbanismo, y su reglamento de 2004, se desarrolla tanto en las normas urbanísticas subsidiarias provinciales, aplicables a aquellos municipios que no tengan sus propias normas urbanísticas, así como a los planes urbanísticos locales. Estos desarrollos que especifican y delimitan su territorio provincial y local, especificando las distintas áreas y su calificación de tipo de terrenos rústico y urbano. Pues bien, con la actual normativa, en el caso de que los municipios o provincias entiendan que un determinado proyecto minero tiene interés, tienen también herramientas para habilitarlo a través de modificaciones puntuales para habilitar el terreno rústico de actividades extractivas concreto.

Por lo tanto, es evidente que la actual legislación y normativa ya permiten la instalación de minas en suelo rústico. Lo que pretende el Partido Popular es sencillamente eliminar controles para su instalación.

Hasta ahora, en función del tipo de suelo rústico, se establecía la regulación oportuna que autorizaba los usos o no del suelo, de donde se deducía si podía instalarse o no una mina. Por ejemplo en el caso de suelo rústico común, se permitían unos usos definidos en el artículo 57 b) y se prohibía expresamente todo lo que no fueran usos ordinarios, o las excepciones contempladas en el artículo 57.b). En los casos de suelo rústico de entorno urbano o de suelo rústico con protección cultural, natural o agropecuaria se prohibía expresamente. En el caso de suelo rústico con protección de infraestructuras, o en el de protección especial, se permite minería con autorización excepcional.

Pues bien, lo que pretende el PP sencillamente es eliminar de golpe y plumazo todas las prohibiciones en el suelo rústico, y de paso despojar a las diputaciones provinciales y los consistorios municipales de herramientas para impedir el desarrollo de estas minas y canteras, tratando de imponerlas desde esta ley, priorizándolas sobre los propios planes locales de desarrollo y ordenación del territorio y usurpando las competencias de dichas administraciones. En el caso del suelo de entorno urbano, el de protección agropecuaria y el de protección cultural y natural, donde hasta ahora el establecimiento de minas estaba completamente prohibido, ahora bastará con una autorización excepcional (la cual concede la propia Junta a través de sus Comisiones Territoriales). Se elimina por tanto la necesidad de conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos. Hasta ahora dentro de los usos prohibidos se encontraban aquellos que fueran incompatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico o causaran riesgo: ahora esto cambia y se autoriza la llamada minería no energética (rocas ornamentales, aguas minerales, metálica, materiales de construcción, áridos, etc) con la única condición de una autorización excepcional de suelo rústico, que concede la Junta.

Un dato importante: esto que el PP quiere cambiar ahora es precisamente lo que permitió tumbar una de las minas de feldespatos de Ávila (la única que se ha logrado tumbar por ahora), la cual cerró principalmente por el hecho de intentar hacerse en suelo rústico protegido (también había un problema con la Confederación sobre aguas, pero pudiera ser más fácil de solventar).

Sorprendentemente, el Partido Popular de Castilla y León nos habla 600 puestos de trabajo, sin especificar directos o indirectos, y sin indicar cuántos puestos preexistentes pueden destruirse como consecuencia de la apertura de minas. Si nos fijamos en los empleos directos, la propia Estrategia de Recursos Minerales de la Junta establece en su apartado 3, basándose en datos del Ministerio de Industria de 2014, que si eliminamos la minería energética, la minería de galería está acabada: ahora casi todo se plantea como minería a cielo abierto. Esto significa una media de 8,59 puestos de trabajo por explotación minera (media estatal). Si miramos Castilla y León, la media es aún peor: sacando de la tabla los datos de la minería energética, nos quedan 473 explotaciones que emplean 2994 empleados, nos sale una media de 6,33 empleos por explotación (p. 15 Estrategia Recursos Minerales JCyL). A este argumento responde el PP que la creación de empleo indirecto en el sector es de 4 por cada empleo directo, lo cual ya es mucho suponer. Pero, aunque fuera cierto, habría que preguntarse el coste social, laboral (eliminación de puestos de trabajo pertenecientes a actividades económicas ya existentes como la ganadería, agricultura, hostelería, agroalimentaria, etc.), el coste ambiental y en infraestructuras de dicha actividad, teniendo en cuenta que el principal nicho de empleo indirecto se daría en el Sector Transportes. Y, aún dejando de lado estas consideraciones, ¿nos pueden explicar de dónde van a salir 600 puestos de trabajo? Teniendo en cuenta que la motivación destrás de esta PL son tres proyectos mineros, ¿quiere decir que el PP tiene pensados otros 17 proyectos mineros de los que no está hablando a nadie?

De esta propuesta se deduce con claridad la falta de un proyecto para Castilla y León por parte del Partido Popular. Sus ideas para impulsar la economía de la Comunidad pasan por tres ejes: absorción de residuos de zonas urbanas, macrogranjas y entrega de recursos minerales al capital privado. En muchos casos a multinacionales como Berkeley en Salamanca, Almonty y Valtreixal en Zamora, Roullier en Soria, Hanson en Valladolid o consorcios internacionales en el Bierzo. Multinacionales a las que el PP, por razones que ellos sabrán y que, como suele ocurrir, tarde o temprano seremos conocedores, pretende poner la alfombra roja en su desembarco en el territorio, poniéndoles en bandeja nuestras riquezas culturales, naturales y agropecuarias, hasta ahora con un cierto nivel de protección, y saltando por encima de los ciudadanos a los que dicen representar y de sus administraciones locales y provinciales.

Mientras tanto, la historia nos interpela, como siempre. Las llamadas comarcas mineras (situadas en León y en el norte de Palencia) agonizan sin alternativas ante la desidia institucional, condenadas a desaparecer por el cierre de las minas del carbón, desamparadas por un capitalismo globalizado e inhumano. ¿No hemos aprendido nada? ¿Vamos a poner en riesgo el ya maltrecho tejido productivo de nuestras zonas rurales a cambio de proyectos mineros que duran una década, la mayoría de ellos en modalidad a cielo abierto (que apenas crean empleo y en cambio sí un grave impacto ambiental que luego hay que reparar, si es que ello llega a ser posible)?

Termino este texto afirmando que, en contra de las acusaciones del PP, no estamos en contra de toda forma de minería, aunque sí creemos que no debería potenciarse este sector más allá de lo estrictamente necesario (o lo socialmente justo, como el caso de las comarcas tradicionalmente mineras a las que no se les está ofreciendo otra alternativa donde las minas deben permanecer abiertas hasta que entre en ejercicio la necesaria alternativa en el marco de una transición ecológica justa). De hecho, como he demostrado arriba, nuestra legislación ya permite la instalación de minas, estableciendo incluso una modalidad de suelo al efecto y habilitando en todo caso diferentes posibilidades para instalar minas en otros tipos de suelo. En realidad, la legislación ya es demasiado permisiva.

De lo que estamos en contra es de que se hurte a la ciudadanía el debate social en torno a la conveniencia o no de dichos proyectos mineros.

Y fundamentalmente, de lo que se trata es de desmontar la falsa disyuntiva que ofrecen los partidos del Capitalismo Salvaje: la cuestión no está en elegir entre empleo y medio ambiente, sino en elegir entre alternativas al corto plazo, y alternativas al corto, al medio y al largo plazo, y para ello las inversiones deben ser en economía sostenible desde un punto de vista social y ambiental. Cargarnos nuestro medio agropecuario y nuestro sistema ecológico a cambio de minas a cielo abierto que cerrarán a los diez años de abrir, con miles de camiones destrozando nuestras carreteras rurales que luego tendremos que reparar, y de paso mandar por tierra décadas de Proyectos de Desarrollo Rural.

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